Usualmente asumimos que los seres humanos somos, a la vez, personas. Este vocablo en general tiene la connotación ya no solo de que pertenecemos a la especie humana, sino que además poseemos cierto estatus moral: nuestra integridad, intereses y deseos poseen cierto valor y merecen una cierta protección. Esto luego pasa al ámbito legal y se transforman en derechos y otros dispositivos de protección.
Durante las últimas décadas ha habido cierto debate sobre si solo los seres humanos poseen el estatus de persona, o si hay otros vivientes o incluso no-vivientes que también lo sean. Es conocido que ciertos filósofos y eticistas, como el connotado Peter Singer, han propuesto extender este estatus moral a algunos animales que demuestran interés, deseo y cierta raciocinio y juicio, por ejemplo los chimpancés.
Más recientemente y con el advenimiento de la preocupación ambiental, ha nacido también la preocupación moral no solo por los vivientes no humanos, sino que también por entidades humanas que no son sintientes o, incluso, que no son entidades propiamente vivas.
Esto ha llevado a que, en un acto sin precedentes en Europa, la ley española haya decidido considerar a las aguas del Mar Menor como una persona. Hace tan solo unos años, las aguas claras y poco profundas del Mar Menor, una laguna de agua salada situada frente al este de España que es la más grande de Europa, albergaban una robusta población del mejillón de abanico, un bivalvo de un metro de longitud que está en peligro de extinción. Sin embargo, en 2016, una floración masiva de algas, alimentada por los fertilizantes procedentes de los campos de cultivo, absorbió el oxígeno de la laguna y mató al 98% de los bivalvos, junto con los caballitos de mar, los cangrejos y otras especies marinas.
Las floraciones asfixiantes se repiten una y otra vez, y millones de peces muertos llegan a la orilla. El año pasado, los residentes locales -algunos de los cuales se benefician del turismo en la laguna- se hartaron. Encabezados por un profesor de filosofía, los activistas lanzaron una petición para adoptar una estrategia legal nueva y radical: conceder a la laguna de 135 kilómetros cuadrados los derechos de persona. Casi 640.000 ciudadanos españoles la firmaron y el 21 de septiembre el Senado español aprobó un proyecto de ley que consagra los nuevos derechos de la laguna.
La nueva ley no considera que la laguna y su cuenca hidrográfica sean plenamente humanas. Pero el ecosistema tiene ahora un derecho legal a existir, a evolucionar naturalmente y a ser restaurado. Y, al igual que una persona, tiene tutores legales, incluido un comité científico que dará una nueva voz a sus defensores.
Estamos en una época interesante a nivel bioético, en la que el estatus de persona podría extenderse incluso a los ecosistemas. Esto se comprende porque parece que estamos en una senda donde el cuidado se está volviendo una cuestión global. Sin embargo, asignar el estatus de persona a diversas entidades genera también muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿se puede “asignar” ese estatus a voluntad, o se debe “ser persona” para ser reconocida como tal? ¿Universalizar el estatus de persona es la única solución para cuidar el planeta? ¿Qué efectos negativos podría tener?
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